Los ministros del Interior de la Unión Europea han aprobado este lunes nuevas regulaciones que endurecen la política migratoria y aceleran las expulsiones de migrantes irregulares. España se quedó prácticamente sola votando en contra de las medidas que permitirán crear centros de deportación fuera del territorio comunitario.
Las tres regulaciones aprobadas tras ocho meses de debates introducen mecanismos legales para establecer centros de deportación fuera de la UE, inspirados en el modelo de los acuerdos de la primera ministra italiana Giorgia Meloni con Albania. También permiten procesar solicitudes de asilo en terceros países seguros, una opción que cada gobierno podrá utilizar de forma individual según el modelo de "geometría variable".
La posición española
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificó el voto negativo de España por la defensa de los valores fundamentales de la UE. A su llegada al encuentro de ministros afirmó: «Hay muchas cosas sobre las que se puede negociar, se puede llegar a acuerdos; pero cuestiones de valores, yo creo que eso es una línea roja para nosotros».
El Gobierno español expresó "serias dudas jurídicas, políticas y económicas" sobre los centros de retorno, advirtiendo de su "impacto negativo" en las relaciones bilaterales con socios clave. España también rechazó la falta de reconocimiento obligatorio de las decisiones de expulsión en toda la UE y la posible detención indefinida de migrantes, que puede extenderse hasta dos años en períodos sucesivos de seis meses.
Grande-Marlaska defendió el compromiso de su país: «España está absolutamente involucrada en la lucha contra la inmigración irregular». Sin embargo, añadió: «Yo creo que no estamos solos, pero ese no es el debate. El debate es mantener una postura concreta, seria, razonada y en el tiempo».
El argumento de los defensores
El ministro del Interior danés, Rasmus Stoklund, representando la presidencia de turno de la UE, defendió las nuevas medidas. Señaló: «Estamos experimentando un alto flujo de migrantes irregulares y nuestros países están bajo presión. Miles de personas se ahogan en el Mediterráneo o sufren abusos a lo largo de las rutas migratorias, mientras los traficantes de personas acumulan fortunas».
Stoklund argumentó: «Esto demuestra que el sistema actual genera incentivos perversos y un fuerte efecto llamada, difíciles de eliminar. Dinamarca y la mayoría de los Estados miembros de la UE han defendido la idea de tramitar las solicitudes de asilo en terceros países seguros, con el fin de reducir los incentivos para emprender viajes peligrosos hacia Europa».
La mayoría de los gobiernos europeos creen que la regulación de retorno mejorará la tasa de repatriación de migrantes irregulares, que actualmente apenas alcanza el 20 por ciento.
Países seguros y solidaridad
El Consejo aprobó la primera lista común europea de países de origen seguros, que incluye a Marruecos, Colombia, Túnez, Kosovo, Bangladesh, India y Egipto. La nueva regulación también redefine el concepto de "tercer país seguro" y amplía las condiciones para declarar inadmisible una petición de asilo.
Los ministros acordaron además una reserva de solidaridad para 2026 destinada a países bajo alta presión migratoria como España, Italia, Grecia y Chipre. El mecanismo permitirá reubicar 21.000 solicitantes de asilo o aportar una contribución financiera de 420 millones de euros. España, beneficiaria de estas ayudas, se abstuvo en esta decisión por considerar la oferta insuficiente.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió en Bruselas la «visión humanista de la política migratoria» del Gobierno español. Afirmó: «España es buena prueba de que es perfectamente compatible una gestión eficaz de la política migratoria sin perder de vista el poner en el centro los derechos humanos».
Las tres regulaciones aún deben ser negociadas y aprobadas por el Parlamento Europeo, aunque no se esperan cambios significativos.
Nota: Este artículo fue creado con Inteligencia Artificial (IA).
