El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó este miércoles su inquietud por el "cambio inconstitucional de poder" ocurrido en Madagascar. El máximo representante de la ONU hizo un llamamiento a todas las partes involucradas para que trabajen conjuntamente en busca de una "solución pacífica" a la actual crisis política que atraviesa la nación africana.
Guterres reiteró la disposición de Naciones Unidas para continuar su colaboración con Madagascar, la Unión Africana y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC). El objetivo es restablecer la paz y la estabilidad en el país, según indica el comunicado oficial emitido por la organización internacional.
Reacción estadounidense
Estados Unidos también expresó su postura ante la crisis malgache. Un portavoz del Departamento de Estado señaló a Europa Press que Washington "sigue de cerca la situación sobre el terreno" e instó a las partes a "buscar una solución pacífica" al conflicto político.
El representante estadounidense destacó que "la situación de seguridad está calmada, pero el Departamento permanece alerta para garantizar la seguridad de nuestra Embajada, nuestro personal y los ciudadanos estadounidenses en Madagascar". Esta declaración refleja la cautela diplomática ante los acontecimientos en curso.
Crisis constitucional
La crisis se desencadenó tras una decisión clave del Tribunal Constitucional el martes. El organismo judicial declaró vacante la jefatura del Estado después de que el presidente Andry Rajoelina anunciara que había huido a un "lugar seguro" no especificado, denunciando un intento de golpe de Estado contra su gobierno.
El poder pasó a manos de Michael Randrianirina, jefe del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT). Esta unidad de élite militar se había posicionado el sábado del lado de los manifestantes que protestaban contra el gobierno de Rajoelina.
Randrianirina anunció inmediatamente la creación de un Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT). Entre sus primeras medidas figuran la anulación de la Constitución de 2010 y la suspensión de varias instituciones clave, incluyendo el Tribunal Constitucional y el Senado. Estos cambios se produjeron después de que la Asamblea Popular aprobara una moción de censura contra Rajoelina, quien había intentado impedir la votación disolviendo previamente el organismo legislativo.
Fuentes utilizadas: "Europa Press" Nota: Este artículo ha sido editado con la ayuda de Inteligencia Artificial.